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Santo Domingo. El Senado de la República Dominicana propuso modificar 18 artículos del nuevo Código Penal antes de su entrada en vigor, con el propósito de corregir disposiciones que han generado observaciones por parte de legisladores, juristas, organizaciones de la sociedad civil y diversos sectores de la población.
La iniciativa surge en medio del amplio debate nacional que ha acompañado la aprobación de la reforma penal, considerada una de las más importantes de las últimas décadas por el impacto que tendría en el sistema de justicia dominicano.
De acuerdo con la propuesta, las modificaciones buscan fortalecer la seguridad jurídica, aclarar aspectos del texto legal y garantizar que las disposiciones del Código Penal respondan de manera efectiva a la realidad social y a los principios constitucionales.
Los legisladores explicaron que entre los artículos objeto de revisión figuran disposiciones relacionadas con la tipificación de delitos, el régimen de sanciones y otros aspectos que han sido señalados por distintos sectores como susceptibles de mejora antes de que la legislación entre en vigencia.
Asimismo, indicaron que las observaciones recibidas durante el proceso de consulta pública serán analizadas por las comisiones correspondientes para determinar cuáles cambios podrían incorporarse al texto definitivo.
La propuesta ha generado diversas reacciones dentro y fuera del Congreso Nacional. Mientras algunos sectores consideran necesario revisar determinados artículos para evitar conflictos de interpretación, otros sostienen que cualquier modificación debe preservar el espíritu de la reforma y garantizar una legislación moderna, coherente y respetuosa de los derechos fundamentales.
El Senado reiteró que el objetivo de estas modificaciones es perfeccionar el Código Penal y dotar al país de un marco jurídico actualizado, capaz de responder a los desafíos actuales en materia de justicia, seguridad ciudadana y persecución del delito.
Se espera que en las próximas sesiones legislativas continúe el estudio de las propuestas antes de que la normativa complete el proceso requerido para su entrada en vigor.
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