Santo Domingo. Con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal de la República Dominicana, los procesos penales comenzarán a regirse por la Ley núm. 74-25, la cual mantiene el principio de que la ley penal no puede aplicarse a hechos ocurridos antes de su entrada en vigor, salvo cuando beneficie a la persona sometida a un proceso judicial.

La disposición está contenida en el artículo 2 de la nueva legislación y reafirma el principio de irretroactividad de la ley penal, considerado una de las principales garantías del sistema de justicia dominicano.

En términos prácticos, la normativa establece que una persona no podrá ser juzgada con una ley que no existía al momento de cometer el hecho que se le atribuye. No obstante, si la nueva legislación reduce la pena o introduce condiciones más favorables para el procesado, podrá aplicarse de manera retroactiva.

La ley contempla esta posibilidad en tres escenarios específicos: cuando la persona tiene la condición de imputada, cuando su proceso aún se encuentra pendiente de una decisión definitiva en los tribunales (sub júdice) o cuando ya fue condenada y está cumpliendo una pena.

¿Qué significa estar sub júdice?

El término sub júdice hace referencia a un proceso judicial que aún no ha sido resuelto de manera definitiva por un tribunal. Es decir, comprende los casos en los que una persona está siendo juzgada o espera una sentencia firme.

Principio de favorabilidad

El nuevo Código Penal también incorpora el principio de favorabilidad, el cual obliga a los tribunales a aplicar la norma que resulte más beneficiosa para el imputado cuando existan varias disposiciones legales que puedan ser utilizadas en un mismo caso.

En consecuencia, si una persona enfrenta un proceso por un delito cuya sanción fue reducida con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, el juez podrá imponer la pena más favorable, aunque los hechos hayan ocurrido antes de la promulgación de la nueva legislación.

Con esta disposición, la Ley 74-25 busca garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas sometidas a procesos penales y asegurar que nadie reciba una sanción más severa cuando el propio legislador ha establecido un tratamiento menos riguroso para determinados delitos.