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Santo Domingo.– El Tribunal Superior Electoral (TSE) rechazó la solicitud presentada para suspender de manera provisional la aplicación de la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que establece la distribución de los recursos económicos que el Estado entrega durante 2026 a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.
La petición fue presentada por el Proyecto Visión Nación (PVN) y José Cristopher Ramírez, quienes buscaban detener temporalmente la aplicación de la Resolución 01-2026 de la JCE mientras se conoce el proceso principal ante la jurisdicción electoral.
Los jueces determinaron que la medida cautelar no cumplía con las condiciones establecidas en el artículo 160 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales.
Entre los requisitos contemplados se encuentran demostrar la apariencia de buen derecho, la existencia de un daño próximo que pueda resultar difícil o imposible de reparar y la relación entre la medida solicitada y el proceso principal.
Aunque el tribunal estableció que la solicitud cumplía con los requisitos formales para ser conocida, concluyó que los argumentos presentados no eran suficientes para justificar la suspensión de la resolución emitida por la JCE.
TSE reconoce vínculo procesal del PVN
El tribunal también rechazó el planteamiento de la Junta Central Electoral que cuestionaba la legitimidad del Proyecto Visión Nación para participar en el proceso.
Los magistrados señalaron que, para una solicitud cautelar, es necesario que esta se encuentre vinculada a un proceso principal en curso. En ese sentido, establecieron que tanto el PVN como José Cristopher Ramírez forman parte de la demanda principal identificada con el expediente TSE-01-0021-2026, por lo que cuentan con el vínculo procesal requerido.
Fondos ya distribuidos
El TSE tampoco acogió el argumento de la JCE de que la solicitud carecía de objeto porque la resolución ya había sido ejecutada y los recursos correspondientes a 2026 habían sido distribuidos.
Los jueces indicaron que la Junta Central Electoral no presentó documentación suficiente que permitiera demostrar que la totalidad de los fondos contemplados en la Resolución 01-2026 había sido entregada a las organizaciones políticas beneficiarias.
La decisión fue adoptada por los magistrados Lourdes T. de Jesús Salazar R., Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz, Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García Guzmán.
El Tribunal Superior Electoral ordenó que la decisión sea comunicada a las partes a través de su Secretaría y publicada en el portal institucional.
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