By 
En medio del debate generado por la aprobación del nuevo Código Penal, continúan las opiniones encontradas sobre el alcance de las disposiciones relacionadas con la libertad de expresión y los delitos de difamación e injuria.
Uno de los argumentos que ha cobrado fuerza sostiene que el nuevo texto legal no busca restringir el derecho de los ciudadanos a criticar o expresar opiniones, sino establecer sanciones para quienes difundan acusaciones falsas o dañen deliberadamente la reputación de otras personas sin pruebas.
Quienes respaldan esta postura afirman que la sociedad dominicana ha normalizado prácticas como la difusión de información no verificada y los señalamientos públicos en redes sociales, situaciones que, aseguran, han provocado graves daños al honor, la dignidad y la vida personal de numerosos ciudadanos.
Según esta visión, las modificaciones introducidas en el Código Penal pretenden establecer un equilibrio entre el derecho a la libertad de expresión y la protección de los derechos fundamentales, evitando que el ejercicio de la opinión se convierta en un mecanismo para difamar o emitir acusaciones sin sustento.
Sin embargo, diversos sectores de la sociedad civil, juristas, periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de prensa han expresado preocupaciones sobre algunos artículos del proyecto, al considerar que podrían tener un efecto inhibidor sobre el ejercicio del periodismo y la crítica pública.
El debate continúa abierto mientras distintos actores exponen sus argumentos sobre el alcance de la legislación y su impacto en la protección tanto de la libertad de expresión como del derecho al honor.
Comments