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Santo Domingo. El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó el decomiso a favor del Estado dominicano de 422 bienes muebles e inmuebles relacionados con los condenados en los casos Coral y Coral 5G, considerados entre los mayores expedientes de corrupción administrativa procesados en el país.
La medida está contenida en el numeral 32 de la sentencia emitida por el tribunal e incluye 114 vehículos, 159 inmuebles, 16 armas de fuego, 11 relojes de lujo y cuantiosas sumas de dinero en efectivo tanto en pesos dominicanos como en dólares estadounidenses.
Entre los bienes incautados figuran vehículos de alta gama, camiones, autobuses y equipos pesados. Destacan modelos como Tesla, Mercedes-Benz, BMW, Toyota y Ford, además de maquinaria utilizada en actividades comerciales y de construcción, incluyendo retroexcavadoras, montacargas, rodillos y camiones cisterna.
En el ámbito financiero, la sentencia ordena el decomiso de RD$39.2 millones y US$251,472, recursos que pasarán a formar parte del patrimonio estatal como resultado del proceso judicial.
La decisión también contempla la transferencia al Estado de 159 propiedades ubicadas en distintas provincias del país, entre ellas Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, La Vega, Samaná, Duarte, Monte Plata y San Pedro de Macorís. Dentro de los inmuebles destacan plazas comerciales, apartamentos, terrenos y propiedades turísticas.
Asimismo, el tribunal dispuso el decomiso de 16 armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas y rifles, así como 11 relojes de reconocidas marcas internacionales, entre ellas Rolex, Mont Blanc, Giorgio Milano y Bulova.
Los casos Coral y Coral 5G investigaron una presunta estructura de corrupción que habría operado dentro de instituciones militares y policiales, mediante el desvío de recursos públicos y la creación de mecanismos fraudulentos para beneficiar a sus integrantes.
Con esta decisión, el Estado dominicano pasa a administrar uno de los mayores volúmenes de bienes decomisados en un proceso por corrupción, en una sentencia que marca un precedente en la recuperación de activos obtenidos de manera ilícita.
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