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Santo Domingo. El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, aseguró que la suspensión del Registro de Proveedores del Estado (RPE) a 11 empresas vinculadas a 10 senadores no representa una sanción, sino una medida de carácter administrativo contemplada en la legislación vigente.
El legislador explicó que la decisión corresponde a un procedimiento de notificación derivado de la aplicación de las normas que regulan las contrataciones públicas y negó que se trate de una penalización contra los congresistas involucrados.
De los Santos consideró, además, que la divulgación de la medida en este momento fue inoportuna, al entender que podría generar interpretaciones erróneas sobre el alcance de la disposición.
Asimismo, sostuvo que ninguno de los senadores relacionados mantiene actualmente contratos con el Estado, por lo que descartó que exista alguna violación a las disposiciones legales en materia de contrataciones públicas.
El presidente del Senado también indicó que varios de los legisladores ya no figuran como accionistas de las empresas con las que fueron vinculados, por lo que llamó a analizar cada caso de manera individual antes de emitir conclusiones.
La suspensión del Registro de Proveedores del Estado ha generado debate en distintos sectores, debido a que la normativa establece restricciones para que funcionarios públicos y personas vinculadas puedan contratar con el Estado mientras desempeñan funciones públicas.
Las autoridades correspondientes continúan evaluando la situación conforme a las disposiciones legales vigentes.
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