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Tribunal autoriza ejecutar en el país sentencia de EE. UU. que condena a la JCE al pago de más de US$907 mil

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Tribunal autoriza ejecutar en el país sentencia de EE. UU. que condena a la JCE al pago de más de US$907 mil

Santo Domingo. La Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional autorizó la ejecución en la República Dominicana de una sentencia emitida por un tribunal de Estados Unidos que condena a la Junta Central Electoral (JCE) al pago de más de US$907 mil a una empresa por servicios logísticos contratados en el extranjero y que, según el fallo, no fueron remunerados.

La decisión fue adoptada tras acoger una solicitud de exequátur presentada por la empresa demandante, procedimiento jurídico mediante el cual los tribunales dominicanos reconocen y autorizan la ejecución de sentencias emitidas por tribunales extranjeros, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la legislación nacional.

De acuerdo con la resolución, el tribunal consideró que la sentencia extranjera reunía las condiciones legales necesarias para producir efectos en el territorio dominicano, permitiendo así que pueda ejecutarse conforme al ordenamiento jurídico del país.

El caso está relacionado con la contratación de servicios logísticos prestados fuera de la República Dominicana, cuya compensación económica dio origen al litigio que posteriormente fue conocido por la justicia estadounidense.

Con la decisión de exequátur, la sentencia podrá ser ejecutada en territorio dominicano, sin que ello implique un nuevo juicio sobre el fondo del conflicto, sino únicamente el reconocimiento de la decisión emitida por el tribunal extranjero.

Hasta el momento, la Junta Central Electoral no ha emitido una posición oficial sobre la decisión judicial ni sobre las acciones que podría adoptar frente al fallo.

El caso pone de relieve la importancia del mecanismo de exequátur como instrumento de cooperación judicial internacional, permitiendo que determinadas decisiones emitidas por tribunales extranjeros puedan tener validez y ejecución en la República Dominicana.

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