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Santo Domingo. La recién promulgada Ley 30-26 de medidas pro-crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional introduce nuevas regulaciones para el mercado de cigarrillos electrónicos, vapeadores y líquidos utilizados en estos dispositivos, estableciendo requisitos más estrictos para su fabricación, importación y comercialización en República Dominicana.
La normativa dispone que todas las empresas y personas físicas vinculadas a estas actividades deberán registrarse ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y obtener una licencia especial para operar legalmente dentro del territorio nacional.
La medida forma parte de un conjunto de disposiciones orientadas a fortalecer la supervisión estatal sobre un sector que ha experimentado un crecimiento acelerado durante los últimos años y que cada vez tiene mayor presencia entre jóvenes y adultos.
Más controles para la industria del vapeo
Además del registro obligatorio, la legislación contempla mayores mecanismos de fiscalización sobre toda la cadena de comercialización de estos productos, incluyendo la producción, importación, distribución y venta al consumidor final.
Las autoridades consideran que la implementación de estas medidas permitirá mejorar la trazabilidad de los vapeadores y combatir prácticas irregulares vinculadas al comercio informal y la evasión tributaria.
La nueva legislación también amplía los controles aplicados a productos sujetos al Impuesto Selectivo al Consumo, categoría que incluye bebidas alcohólicas, productos derivados del tabaco y dispositivos electrónicos para vapear.
Trazabilidad y combate al contrabando
Entre las herramientas contempladas por la Ley 30-26 figuran sistemas tecnológicos de trazabilidad, sellos fiscales y mecanismos de control que permitirán identificar el origen, recorrido y destino de los productos desde su fabricación o importación hasta su comercialización final.
Según las autoridades, estos controles buscan fortalecer la transparencia del mercado, garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y reducir las pérdidas económicas derivadas del contrabando y la informalidad.
La disposición forma parte de un paquete más amplio de reformas fiscales y administrativas impulsadas por el Gobierno para aumentar la eficiencia recaudatoria, fortalecer la supervisión de sectores estratégicos y promover una mayor formalización de actividades económicas en el país.
Con la entrada en vigor de la Ley 30-26, los operadores del sector deberán adecuarse a los nuevos requerimientos para continuar desarrollando sus actividades dentro del marco legal establecido por las autoridades dominicanas.
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